El Gobierno de los jueces

Puede que al lector la palabra “critarquía” poco menos que le suene a chino, pero no es tal. La expresión proviene del griego,“kritès” (juzgado) y archè (gobierno), significando el gobierno de los jueces. Es decir, en una interpretación libre, cuando los jueces entran a formar parte principal del gobierno de un país, algo así como lo que ocurre en nuestro país.

En Italia algo parecido a esto se llamo “Tangentopolis”. Fue cuando se abrió el telón y se vio que el escenario político estaba podrido. Los problemas sin atajar, los problemas estructurales, unos encima de otros, en un efecto de bola de nieve lo hicieron irremediable. El 17 de febrero de 1992, el juez de Milán, Antonio di Pietro, ordenó la detención del socialista Mario Chiesa. Y ese día el sistema político se vino abajo y los jueces tomaron cartas en el Gobierno.

Hoy los jueces han entrado abruptamente en la vida política española de la mano de la fiscalía anticorrupción, dependiente de una Fiscalía General del Estado en la que manda Dolores Delgado, socialista de pro y anterior ministra de justicia. Permítame el lector  si comento que estos datos no son cosa baladí y que coinciden con el momento de mayor presión judicial sobre la clase política española, casualidad, no cabe duda. 

Pero hay que reconocer que a medida que pasan los días la gente está cada vez más confundida, más desencantada y nerviosa porque no ve claro hacia  dónde conduce este exceso de protagonismo judicial que hace que las decisiones de los togados, objetivas o sugeridas, puedan influir tanto en el devenir político e incluso influir en las decisiones de gobierno.

Pero si los jueces han pasado súbitamente a primer plano, si los jueces se han convertido de repente en protagonistas del escenario de las finanzas y de la política, es porque algo falla en el funcionamiento de nuestras instituciones y porque ese fallo se percibe como esencial por la ciudadanía, como un riesgo inminente y grave que amenaza la propia pervivencia del sistema.

El problema no está solo en lo que depende de un partido, una ideología. La incertidumbre incluye ya a la mayoría de los partidos del espacio nacional. Los jueces hoy están inmersos en los ERES de los socialistas,  la financiación del PP,  el fraude de las subvenciones del líder de VOX Andalucía,  el caso DINA o la financiación de Podemos.

Por mucho que se insista en la denuncia del afán, supuesto o real, de notoriedad de ciertos jueces, a los que se ha venido a calificar peyorativamente como  «jueces estrellas», por mucho que quieran magnificarse sus supuestos o reales, errores, por mucho que se especule con sus, supuestas o reales tendencias políticas, es obligado admitir que los jueces, luzcan o no estrella, no se inventan los problemas de los que se ocupan

Las denuncias de corrupción, de financiación ilegal y otros muchos asuntos menos llamativos, pero no menos importantes, son obviamente, el resultado de una acción de otros, y otros distintos son también los que los llevan ante los jueces y los colocan encima de su mesa demandando una respuesta. La justicia es esencialmente rogada; alguien ha de pedirla, y ha de pedirla, precisamente, a los jueces, que han sido colocados ahí para eso.

La transparencia, sea esto lo que sea, ha provocado que los pecados penales de nuestros políticos, antes considerados imposibles de detectar a los ojos de la sociedad, queden desenmascarados. De este modo, una vez desaparecido aquello de “por encima de toda sospecha”, todos los políticos se sitúan al mismo nivel y la política patria se convierte en una actividad despreciada por la sociedad

La progresiva judicialización de la política nacional está corriendo el tremendo riesgo de que la propia justicia se politice y se involucre en los conflictos y enfrentamientos políticos, como quizás de hecho esté ya ocurriendo en algunos temas.

Todos los asuntos  que condenan a la imputación a tantos y tantos podrían permanecer en el ámbito puro del Código Penal, pero difundidos masivamente en tiempo real gracias a la tecnología y los medios de comunicación, se transforman, pasan a formar parte de la política, la opinión pública y sacuden la propia democracia.

Ese fenómeno de la judicialización de la política puede confundir y empoderar sin quererlo a los encargados en administrar justicia, jueces y fiscales, y puede hacer que este país acabe rigiéndose por un gobierno de los jueces. 

Este riesgo es nuevo en el funcionamiento de los poderes, según nuestra Constitución separados, pero los jueces se han vuelto actores capaces de decidir el rumbo de la política y pasan asimismo a ser objeto de sospechas de parcialidad.

Nuestra Constitución recoge en su artículo 1 que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Este es un principio fundamental: nadie puede estar por encima de la ley, y todos los ciudadanos y poderes del Estado, están sujetos a un control judicial y pueden incurrir en responsabilidades disciplinarias y penales.

La separación de poderes en nuestro país pasa por ser un titular, dado que el mal uso de los políticos ha hecho que en España sea el Poder Ejecutivo quién elija en la práctica al Poder Judicial.

Es por eso por lo que muchos políticos, sobre todo aquellos que se ven afectados por este tema, acusan a España de no ser un Estado de Derecho y solo cambiarán de discurso cuando ellos lleguen al poder.

Pues eso

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